El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha participado en un encuentro con estudiantes de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Durante su visita a la CEU-USP ha valorado la próxima reforma del Poder Judicial que plantea el Gobierno, entre otros temas de actualidad.
El fiscal ha lamentado que el Ministerio de Justicia haya desoído su sugerencia sobre la “absoluta despenalización de las faltas”. Ha reclamado que se examinen los fundamentos que esgrime el fiscal Horrach antes de atribuir a motivos políticos el criterio de no imputar a la Infanta Cristina: “No estamos protegiendo a la Infanta”, ha comentado.
Torres Dulce ha lamentado especialmente el escaso eco que ha obtenido en el Gobierno su sugerencia sobre la “absoluta despenalización de las faltas”. A su juicio, las faltas tienen que salir de la órbita penal para pasar al ámbito de lo civil y lo administrativo. La reforma del Código Penal auspiciada por el Gobierno, sin embargo, no ataja, a su parecer, la parte sustantiva del problema. Así, ha pronosticado que las modificaciones introducidas “complicarán las cosas procesalmente”.
Tampoco cree que la Ley Orgánica del Poder Judicial en ciernes vaya en la línea de agilizar los procesos. Torres Dulce apuesta por la “concentración en la vista oral”, sin tantas fases intermedias, y ve que el modelo que propone el Gobierno “no va en el buen camino”. Le preocupa al Fiscal General del Estado que “se alarguen demasiado” los procesos.
Sí le parece “absolutamente necesaria” la atribución a la Fiscalía de las funciones de investigación e instrucción, pero no en las condiciones en las que, a primera vista, parece que se van a establecer en la nueva LOPJ. “No voy a aceptar una instrucción en los términos en los que la plantea el Gobierno”, ha afirmado. Lo que no considera adecuado Torres Dulce es que esa labor de instrucción se conceda “condenada a la permanente interferencia de los jueces de garantías y de las partes en el proceso”. El Fiscal General del Estado ha mostrado sus preferencias por la forma en la que se concibe la instrucción en Portugal, donde la intervención de las partes y del juez de garantías se hace sobre la instrucción una vez concluida ésta.
Por otra parte, también ha señalado la necesidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma que se implante una verdadera doble instancia, se regulen mejor los supuestos de intercepción de las comunicaciones y se establezca un sistema de casación que asegure el principio de unidad. Además, considera imprescindible que la Policía Judicial, la Intervención General del Estado y los peritos fiscales “dependan del Ministerio Fiscal”.
Torres Dulces ha empleado también buena parte de su intervención a reivindicar la independencia de la Fiscalía respecto de las instancias políticas. En este sentido, se ha referido a la actuación del fiscal Pedro Horrach respecto de la Infanta Cristina, y ha pedido que se examinen los fundamentos esgrimidos por éste para no pedir la imputación de la Infanta antes de atribuir esta decisión a motivos políticos: “No estamos protegiendo a la Infanta”, ha declarado.
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